Organizaciones sociales, la Iglesia y un amplio abanico de bloques legislativos presentaron en conferencia de prensa el proyecto de Ley de Emergencia Socio Sanitaria y Ambiental en Barrios Populares. La iniciativa busca hacer frente al parate en la infraestructura básica que atraviesan los barrios vulnerables y garantizar un esquema de financiamiento que trascienda los períodos de gestión.
En diálogo con Radio Provincia AM1270 Ledesma explicó que "el proyecto que presentamos tiene como objetivo principal lograr un financiamiento continuo”. En ese sentido, lamentó que las políticas públicas aprobadas en 2018 que abordaban la problemática “se fue desfinanciando” y que ello “ hizo que muchas obras hayan quedado paralizadas y que las cooperativas de trabajo se queden sin empleo”. Por esa razón, el planteo respaldado por 12 espacios político partidarios de la Cámara de Diputados de la Nación, la Iglesia Católica y diversas organizaciones comunitarias “propone prorrogar 10 años la emergencia socio sanitaria y ambiental”.
“Queremos que haya una garantía presupuestaria, no podemos estar dependiendo de un Gobierno de turno; queremos que las políticas de integración urbana sean continuas y veamos una mejora, no un retroceso", señaló. En ese sentido, “queremos que se establezca un piso anual progresivo estipulado en el PBI, y a medida que pase el tiempo se sostenga para mejorar los barrios. Por supuesto el problema no se puede resolver ni en cuatro ni en ocho años”, reconoció, “pero la solución tiene que ser transversal para una solución definitiva”.
Finalmente, recalcó: “Queremos vivir en condiciones más dignas, no puede ser que hoy más de dos millones de niños y niñas no tengan agua potable para tomar. La habitabilidad debería estar garantizada por el Estado de manera continua."
De aprobarse la iniciativa, la emergencia se extendería por una década, permitiendo la reactivación de cooperativas de trabajo locales y el tendido de agua potable, cloacas y electricidad en asentamientos y villas de todo el país.