Consultada sobre el espíritu de la ley, la especialista explicó en diálogo con El Repaso, que la normativa "lo que hace es ponerle un límite a los capitales extranjeros que vienen principalmente a apropiarse de nuestros bienes estratégicos".
En este sentido, detalló que los sectores de mayor interés foráneo no responden al azar, sino que se concentran en regiones claves para el desarrollo nacional: “Las tierras codiciadas coinciden con zonas de reservas de agua dulce, glaciares y cordilleras con alta potencialidad minera”. Al respecto, acotó que “existe un alto nivel de extranjerización en áreas geopolíticamente críticas, como las inmediaciones del río Paraná y fronteras internacionales”.
"Entender que proteger la ley de tierras y asegurar estos límites es proteger no solo la soberanía nacional, sino la seguridad de todos nuestros conciudadanos", destacó.
Tras los recientes fallos judiciales que abrieron una ventana de diez días en la discusión del decreto, la investigadora advirtió sobre el accionar de inmobiliarias en la Patagonia y otros puntos del país que "salieron a promocionar estas tierras a capitales extranjeros".
Sobre la resolución de estas disputas judiciales, la entrevistada señaló que, si bien existía normativa protectora para las comunidades originarias frente a desalojos, gran parte de ella ha quedado sin efecto o debilitada.
"Vemos que viene avanzando sobre los derechos de las comunidades y entregando la tierra a grandes capitales, a veces extranjeros, a veces nacionales", lamentó. Pese a este escenario de desprotección, concluyó destacando el rol de resistencia colectiva: "Las comunidades se organizan, se asesoran, resisten ante estos desalojos; a veces lo logran, a veces no, pero depende de la fortaleza y de la organización territorial que tengan".