En diálogo con Radio Provincia explicó los alcances de la iniciativa de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue respaldada por unanimidad en la Cámara Alta.
“Para nosotros es muy importante porque fue una ley que se trabajó en un contexto de descreimiento muy difícil hacia el oficialismo en el cumplimiento de los acuerdos y normas”, indicó.
Seguido, recordó que “la Ley de Emergencia sale por la insistencia después de un veto presidencial que si bien institucionalmente es correcta, en la práctica no se ve en resultados porque tiene muchos grises, como el hecho de no tener asignado un presupuesto específico y una partida”.
El exgobernador de Misiones detalló las diferencias entre la Emergencia y la nueva Ley: “Genera un blindaje del Presupuesto y de la asignación de la partida que la Ley de Emergencia no tiene y que es medular para cumplir con las prestaciones por discapacidad y las nuevas pensiones”.
Agregó que “en el capítulo 6 de la Ley está bien claro cuáles son y de dónde salen las partidas en el Presupuesto”, por lo que “ya no tendríamos que tener miedo de que las incluyan o no”.
La Ley también protege el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. Según explicó el entrevistado, si la Ley de Emergencia vencía el 31 de diciembre, el esquema previsto en el Presupuesto permitía desregular esos valores, que pasarían a quedar sujetos a las reglas del mercado. Con la nueva norma, en cambio, se mantiene un marco regulado por el Estado para definir y actualizar los aranceles del sector.
De este modo, ahora “no se va a poder cambiar el nomenclador de acuerdo a las reglas del mercado y eso hará que las personas tengan las mismas prestaciones en cualquier lugar del país”, mencionó el Diputado.
“También se estipula la actualización del nomenclador en cuanto al IPC como corresponde, lo dejan blindado en una ley y no en una emergencia para que caiga el año que viene”, sumó.
En tanto, indicó que “otro aspecto importante es la trazabilidad de los pagos que se realizan a los prestadores” y así como máximo a los 90 días debe estar abonada la práctica. “Es un adelanto muy importante”, subrayó.
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