En la localidad bonaerense de Lobos, los vecinos denuncian que el uso de agroquímicos en los campos ha producido la contaminación del agua. Hicieron los reclamos correspondientes ante el municipio, y como no encontraron respuestas decidieron llevar a analizar las muestras al INTA de Balcarce.
Con esos resultados se presentaron ante la Justicia y ésta determinó que el municipio debe proveer de agua potable a los vecinos. Sin embargo, esta decisión aún no tiene su correlato en la realidad, porque el intendente local de Cambiemos, Jorge Echeverry señala que no da cumplimento a la resolución de la justicia porque “no han sido formalmente notificados”.
En Siete Colores, por FM 97 UNE, Marcelo Vasaro presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos señaló: “Para el común de la gente puede sonar extraña la posición que adoptó el intendente. Pero, para mí que lo conozco es lógico lo que está haciendo”. Y señaló que él se aprovecha de que la provincia de Buenos Aires no tiene una norma que regule el uso de los agroquímicos.
Vasaro denunció: “Él es el verdadero impulsor de la ordenanza que se presentaron desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos y desde la Sociedad Rural de Lobos para que se oficialice, lo que hace 25 años ellos vienen haciendo en la faz productiva”.
Además, presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos recordó que Echeverry fue uno de los primeros municipios en adherir a la resolución 246, norma que la gobernadora María Eugenia Vidal impulsó y posteriormente tuvo que dejar sin efecto porque fue resistida por los bonaerenses”.
Por ello aseguró, que ante la resolución de la justicia “no esperaba menos del intendente de Lobos” pues “Echeverry tiene la convicción de que el modelo productivo está por encima de cualquier otra cosa”.
Finalmente, Vasaro señalo que está trabajando en un anteproyecto de ley para que “este conflicto se resuelva donde se tiene que resolver que es en la provincia de Buenos Aires, ya que constitucionalmente, son las provincias las que tienen la potestad sobre los recursos naturales”
“Y para ello lo que se pide es que se dote a la OPDS, que es el organismo provincial de aplicación en materia ambiental, como el órgano regulador de la aplicación de los agroquímicos en suelo bonaerense. Es decir, relevar de esa función al Ministerio de Desarrollo Agrario; que desde fines de 1980 no sólo se arroga la potestad sobre la producción agropecuaria, sino también del ambiente, cosa que no le compete” explicó.
Y, admitió que “esta instancia es muy difícil porque el modelo agropecuario en Argentina es política de Estado desde el año 1996. Y en ese contexto, las presiones son muy fuertes para evitar cualquier modificación en este sistema. Son muchos los obstáculos que tiene la sociedad bonaerense que se tiene afectada para lograr cambiar algo.”