La diputada explicó que el programa no busca dar pautas penales, sino identificar victimarios de quienes ejercen coerción, independientemente de la denuncia que se puede realizar por ejemplo en una Fiscalía.
Macha, destacó que la problemática es compleja y con varias aristas. "El proyecto habla de poder contar con asistencia para las víctimas de este grupo".
"A la hora de pensar en estas organizaciones nos referimos a organizaciones que tienen una regulación orgánica, también personas o grupos que buscan generar mejores calidad de vida o de autoconocimiento, que están en constante reconstrucción".
"Es importante visibilizar donde se evidencia manipulación, o coerción, con consecuencias psicológicas, físico, explotación sexual o económicas".
Macha resaltó que el proyecto surge del trabajo con "familiares que han pasado por este tipo de organizaciones, con un daño a nivel subjetivo" difícil de revertir.
"Nosotros estamos enfocados en la necesidad de contar con un programa que asista en términos psicológicos, médicos, y legales a las personas que pasan por esta situación".
"Con respecto a los victimarios, tenemos que tener en cuenta en lo que respecta a la penalidad, y ver si en el Código Penal están las situaciones para avanzar. Las personas que van ahí, lo hacen por propia voluntad. En la mayoría de las veces no hay coerción física sino que es psicológica o emocional, y para la Justicia que no ha sido transformada de modo transfeminista e integralmente es muy difícil intervenir en esta situación" subrayó.