Con topadoras, camiones y un fuerte operativo policial y judicial, cuadrillas de trabajadores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron este jueves a la mañana a más de 100 familias que conformaban el asentamiento "La fuerza de las mujeres", una toma de tierras en el Barrio Carlos Mugica (en la ex Villa 31) de Retiro.
Diego Morales, Director del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló con Todo Este Ruido y expresó respecto de dicha situación que "la toma se dio en el mes de junio, la Fiscal decidió el desalojo en agosto y desde ahí las familias solicitaron un espacio de diálogo para tratar de buscar una salida alternativa. Un desalojo siempre va a ser violento y ese era el pedido de las familias, una alternativa para evitar situaciones de riesgo".
"Hay cuestiones que un operativo de estas características debe tener en cuenta que es el cuidado de las cosas porque estamos hablando de cuestiones que son muy necesarias para la vida. Por eso el Estado tiene la obligación de protegen esas cosas", afirmó.
También, manifestó que "un operativo no puede tener en cuenta la presencia de productos de alto riesgo como las garrafas". Y agregó: "Estamos reclamando un espacio para estas personas. El Ministerio de Desarrollo y Hábitat solo ofreció soluciones temporales".