La justicia hizo lugar a un amaro judicial que presentaron un grupo de estudiantes de Derechos de la Universidad Austral y de esta manera, tanto establecimientos públicos como privados deben contar con desfibriladores.
En Siete Colores, por FM 97 UNE Julio Pablo Comadira, doctor en Derecho y Magister en Derecho Administrativo explicó: "Esto se dio en el contexto de una clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en 2019, donde tratamos de llevar casos de interés público para generar conciencia social en los alumnos”.
“Y en este contexto, uno de los alumnos detectó que había un Ley de muerte súbita sancionada desde 2015 pero que no había sido reglamentada. Bueno, esta norma lo que preveía era que haya desfibriladores automáticos en los lugares públicos y privados” relató Comadira y agregó: “Sin embargo, estábamos en 2019, pero el el Poder Ejecutivo no había establecido dónde iban a estar dispuestos los aparatos, pese a que tenía 180 días hacerlo. Entonces, como la norma no se aplicaba acudimos a la justicia, ganamos en primera instancia y ahora esperamos que se reglamente".
Los aparatos "deberían ubicarse en lugares públicos o privado pero de acceso masivo, donde hay mucho tránsito de personas, en un sitio accesible y bien identificado" describió el letrado y resaltó: "Esto debe consensuarse con las provincias, porque la Ley señala que todos tenemos derecho a acceder a un desfibrilador automático y a una capacitación sobre el tema".
Comadira agregó que con su inmediata aplicación "podrían evitarse muchas muertes súbitas” y resaltó: “No entendemos por qué no se reglamentó cuando el costo promedio es de 200 mil pesos por aparato".
Finalmente, el abogado destacó que ahora, la justicia le impuso al Poder Ejecutivo un nuevo plazo de 30 días para establecer los lugares dónde estarán disponibles los desfibriladores, y si no se arbitran los medios para que eso ocurra “se estaría incumpliendo una orden judicial”.
“Yo descarto que eso vaya a pasar, pero si eso pasa es una cuestión grave desde el punto de vista institucional. Es muy grave que el Poder Ejecutivo, desobedezca al Poder Judicial” concluyó.