Juezas, fiscalas y secretarias letradas del Poder Judicial se reunieron en el marco del Primer Encuentro Nacional "Puertas adentro de nuestra casa" en la sede porteña de la Universidad de Morón donde sintetizaron que no está garantizada la igualdad de derechos y de oportunidades en el servicio de justicia frente a sus pares varones, pese a que “las obligaciones que hay en el marco normativo son claras, completas e inclusivas, y la Argentina no tiene una deuda legal”.
La especialista en Administración de Justicia y Derecho Penal, Mónica Cuñarro, explicó que realizaron “un sondeo exploratorio que arrojó que la mayoría de las mujeres mayores de 30 años con funciones jerárquicas hemos sufrido frases con contenido sexista” y puntualizó que “las mayores de 50 años teníamos naturalizadas esas prácticas porque era el marco de la época y no estábamos educadas para darnos cuenta que eso tenía una connotación sexista y humillante”. Asimismo, agregó que “en otros casos hubo situaciones de acoso laboral, en general en los despachos de los magistrados o en los autos”.
En declaraciones a Radio Provincia, Cuñarro, quien trabajó en más de 2000 casos de violencia de género como fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que “si bien en los cargos más bajos hay una pirámide ancha y la mayoría somos mujeres, cuando vamos escalando en el servicio de justicia, en el Ministerio Público Fiscal o la Defensa, hay menos mujeres”, y aseguró que eso es consecuencia de distintos tipos de persecuciones, entre las que se encuentran las políticas (por embanderarse en el feminismo, por ejemplo) o por pedir libertad de expresión.
La funcionaria judicial indicó que durante el encuentro en la Universidad de Morón se sacaron definiciones que quedaron plasmadas en un documento. En ese sentido, resaltó que “concluimos que las obligaciones que hay en el marco normativo son claras, completas e inclusivas. La Argentina no tiene una deuda legal. La legislación reconoce una perspectiva de género tanto en el ámbito público como en el privado de las mujeres pero en el servicio de justicia no está garantizada la igualdad de derechos y de oportunidades. Concretamente las mujeres tienen restricciones para los ascensos de las carreras judiciales, no tienen herramientas que reparen las situaciones de persecución, hostigamiento, acaso o violencia. Y, además, denunciar estas situaciones implica una discriminación del sistema para disciplinarnos”.
Cuñarro denunció que “un juez varón no puede tener una práctica de acoso sexual y luego ser otro tipo de persona cuando tiene que trabajar un tema de discriminación o de violencia de género. Alguien que no tiene política de género en su vida obviamente que no va a tener perspectiva de género en sus fallos”.
Por otro lado, reveló que advirtieron que “no hay prácticas administrativas adecuadas a la problemática de violencia de género, por ejemplo en el régimen de licencia”. En ese punto, detalló que “si una mujer sufre violencia de género tiene que acudir a un psicólogo o un psiquiatra, y en ese caso, se coloca en su legajo personal ‘licencia por estrés’. Cuando esa mujer quiere concursar, eso se resignifica de forma negativa y le impacta en su carrera”. Por el contrario, aseguró que “estamos pidiendo que diga ‘licencia por estrés traumático por haber sido víctima de alguna práctica en contexto laboral’, como dice la ley sancionada”.