El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, hoy encabezará una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir que el máximo tribunal de la Nación se expida en una causa que lleva más de 15 años y que investiga la imposición de tormentos a más de 170 soldados durante la guerra.
Los manifestantes realizarán una concentración, habrá una conferencia de prensa y luego elevarán un pedido de “pronto despacho” para que el máximo tribunal de la nación se expida lo más rápidamente posible sobre la prescripción o no de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas.
En Siete Colores, por FM 97 UNE Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM relató: “El próximo 2 de abril se van a cumplir 40 años de iniciada la guerra y 15 de iniciada la causa que tramita en la Justicia Federal de Río Grande en la que se investiga el delito de tortura en perjuicio de 176 soldados. Es incompresible como la Justicia Federal Argentina niega la jurisdicción y el acceso a la justicia a los excombatientes que han tenido la enorme valentía de sobreponerse a un pacto o imposición de silencio, que intentó perpetuar la dictadura cívico-militar, y han denunciado a sus torturadores”.
El letrado detalló que en “la causa hay un centenar de militares denunciados. En otras causas, con el 10 por ciento de la prueba que obran en este expediente ya tendríamos condenados. Pero, vaya paradoja, aquí sólo tenemos 4 procesamientos. Y desde el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos el tratamiento de la naturaleza de estos delitos".
“Nadie está negando la tortura, ni los propios acusados las niegan. Lo que está en juego es si la acción penal está prescrita o no. Y por eso necesitamos que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación caracterice a estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos y nos permita eliminar los obstáculos para llegar a la memoria, la verdad y la justicia” aseguró Guerrero Iraola .
Pues agregó que si bien “de forma directa hay un centenar de denuncias, también hay una responsabilidad sobre la cadena de mando. Es imposible pensar que los altos mandos desconocieran estas prácticas”.
Guerrero Iraola explicó que a partir de la descalcificación de unos archivos en el 2015 se descubrió que “antes de finalizar los combates, el Estado genocida Argentino, como los soldados ya empezaban a hablar y a denunciar esta situación, generó diferentes mecanismos para que esto quedara impune”.
“Es decir que cuando hablamos de torturas en Malvinas, es más que un torturador y un torturado, cosa que ya es una grave violación a los derechos humanos. Hablamos de un Estado que jugó un partido por la impunidad. Estamos hablando de un crimen de Estado. Las torturas a soldados en Malvinas no sólo implican la comisión de ese delito sino un acto criminal que nosotros nombramos como tecnologías de impunidad desplegados por la dictadura para que estos hechos quedaran impunes” aseguró.
Finalmente, el letrado señaló: “Hemos tenido como sociedad la suerte de contar con un organismo como el CECIM La Plata que fue el encargado de mantener prendida la llama de la memoria activa. Y en el plano social lo que noto es que empezamos a revertir la correlación de fuerzas. Lo que nos debemos como sociedad en materia de DDHH, en general, es entender que en todas las grandes causas que implican el sufrimiento de las personas, la justicia es parte del problema y no de la solución. El Poder Judicial de la nación está violando derechos humanos”.
“Hoy la Justicia tiene un deber de investigar, porque es parte del Estado. Y entonces este abrazo social que sentimos cuando vamos a esta batalla tan desigual, porque hoy vamos a la Corte Suprema, y está claro que no nos van a recibir, es importante igual porque sirve para poner blanco sobre negro y seguir ganado la batalla por el sentido, por la reescritura de la historia en el plano social” concluyó.