El ex juez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, manifestó que es “absolutamente ilegal” que el autovotado presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asuma al frente del Consejo de la Magistratura. Resaltó que “sería un golpe institucional sin precedentes” y significaría “una afrenta a la democracia”.
En declaraciones a Mañana es Mejor por Radio Provincia dijo que también es ilícito el fallo del máximo tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la ley que regula la integración y el funcionamiento del órgano encargado de administrar, designar y remover jueces.
Rozanski manifestó que “son completamente alarmantes” las maniobras de los jueces de la Corte porque “están haciendo algo sin precedentes en el mundo”. En ese sentido, recordó que “el fallo de diciembre restableció una ley que había sido derogada”, lo cual definió “como absolutamente inconstitucional”. El ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata agregó que “es tan grave esa decisión que hasta uno de los jueces (Ricardo Lorenzetti) lo puso en su voto disidente, donde planteó que no se le puede dar valor a una ley que fue derogada. Y él mismo dijo que en el derecho comparado no hay antecedentes de esto, pero siguieron adelante”.
El letrado subrayó que “si hoy Rosatti se sienta en el Consejo de la Magistratura va a ser una afrenta a la democracia. Realmente sería un golpe institucional sin precedentes y sumamente preocupante porque todo lo que está pasando pone a prueba a los otros dos poderes del Estado”.
Por otro lado, indicó que “en la administración del Poder Judicial de la Nación se manejan fortunas incalculables” y, además de manejarlas, estar al frente de la Corte y del Consejo “le permitiría a Rosatti regentear la terna de jueces y su remoción”.
Asimismo, planteó que “cuando la Corte Suprema viola la Constitución se nos mueven los cimientos de todo el Estado democrático porque son la última voz judicial en el país. Si ellos mismos violan la Constitución es de una gravedad inédita”, resaltó.
El ex juez de Cámara Federal aseguró que “hay ciertas cosas que no las tiene que resolver la gente en la calle sino las instituciones”, y admitió que si bien recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos “es uno de los caminos posibles”, aclaró que “tiene mecanismos lentos y los problemas de la Argentina no admiten demasiada lentitud”.
Por último, sostuvo que la Ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura que tiene media sanción del Senado y podría ser debatida esta semana en Diputados “no es buena porque agrega abogados cuando en realidad sobran”. En tal aspecto, explicó que “el ciento por ciento de los miembros del Consejo son abogados y eso lo determinó la Corte”, mientras que “debería estar integrado por otras personas y no por abogados que siguen perteneciendo a la familia judicial”.