Carolina Gaillard, diputada nacional, impulsora del proyecto pondero la nueva Ley integral para pacientes de VIH, Hepatitis virales, ITS y Tuberculosis porque aborda el tratamiento no ya desde una mirada biomédica sino social.
Y destacó que esta iniciativa surge en las organizaciones de la sociedad civil porque en Argentina “1000 personas mueren por año y eso no tiene que ver con el acceso al medicamento, sino a sus propias condiciones de vida”.
En No Corras, por FM 97 UNE, la legisladora nacional aseguró: “Es una muy buena ley que tiene la fuerza de que la construyó la sociedad civil que padece la enfermedad, y nadie más que ellos sabe lo que esa comunidad necesita”.
Y resaltó: “Mientras que la norma anterior se limitaba a una mirada biomédica, porque sólo se ocupaba de garantizar los medicamentos. Esta ley tiene un abordaje integral, y piensa a la persona que vive con VIH dentro de un contexto social y contempla que hay otros determinantes que pueden incidir para que pueda o no llevar adelante su tratamiento”.
Gaillard aclaró: “Una persona con una buena calidad de vida, que tiene trabajo puede llevar adelante el tratamiento. Sin embargo, este no es el caso de las personas que viven en un lugar vulnerable. Y esas son las personas que padecen y que pueden llegar a morirse”.
En ese marco, Gaillard resaltó que gracias a esta nueva Ley “hoy es un derecho de toda persona que si vas a buscar un trabajo no pueden pedirte el test de VIH en el preocupacional. Y si eso ocurre, es un delito grave. No pueden despedirte, porque si te despiden y tenes VIH se presume que es por eso. Y además, establece que si la persona que padece la enfermedad no tiene trabajo en relación de dependencia, puede acceder a una pensión no contributiva. Y esto es muy importante porque es una forma de garantizar un ingreso a una población que está fuera del mercado laboral”.
Por otra parte, agregó que “toda la complejidad que tiene que ver con el estigma y la discriminación que tiene esta enfermedad se aborda con un régimen jubilatorio especial, a la edad de 50 años. Y con la creación de un Observatorio sobre Estigma y Discriminación en el ámbito del INADI”
Finalmente, la legisladora aseguró: “No entiendo, ni entran en mi cabeza” los argumentos de quienes se oponen a este tipo de normas y al mismo tiempo aclaró que “tiene que ver con el iderario o la ideología de este partido que nos gobernó por 4 años y dejo destruido nuestro país por creer que el mercado lo regula todo y que las obras sociales no pueden hacerse cargo de los tratamientos.”
“Se trata de una mirada general que se aleja de lo que pensamos nosotros. Nosotros pensamos que el Estado debe estar presente garantizando derechos. Y ellos creen que el Estado debe ser pequeño y todo lo debe regular el mercado” concluyó.