La denuncia presentada por la legisladora compromete al Procurador General de la Provincia quién habría encubierto delitos de corrupción por 95 millones de pesos en favor de Ricardo René López. También figuran el expresidente del Astillero Río Santiago Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés.
En diálogo con Picado Fino, González contó “es un hecho que ocurre en 2018 cuando fue el embate de María Eugenia Vidal contra Astillero río Santiago, sus trabajadores y el gremio ATE”.
Seguidamente, detalló “una de esas causas es una denuncia que hace el ex gerente de Recursos Humanos y Coordinador de Seguridad del Astillero Río Santiago Ricardo López por una supuesta o presunta malversación de fondos en el comedor”. La investigación fue presentada un día en el que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta estaba de turno, quién “manda recabar pruebas mediante peritos técnicos de la prefectura Naval Argentina”, sostuvo.
“Pero ustedes saben que cuando un fiscal hace un investigación tiene instructores propios y los peritos de Asesoría Pericial que son de la Corte Suprema. En este caso, los peritos eran empleados de la procuración general de la corte, y los peritos eran los contadores de la procuración”, expuso.
“A medida que avanza la investigación, los peritos emite un dictamen no encontrando ningún elemento de prueba, excepto cuatro facturas que no podían justificar una compra en el comedor. Pero só encuentran unas órdenes de compra por 95 millones de dólares para la construcción de 4 buques, que en principio estaría solicitando una empresa offshore cuyo gerente general es un tal Ricardo López, casualmente, igual que el gerente de recursos humanos coordinador de seguridad del Astillero Río Santiago y agente de la Agencia Federal de Inteligencia”, reveló.
En la investigación “además surge que las cartas de crédito de importación para la compra de chapas y perfiles navales que emite el Banco Provincia, son depositadas en una empresa cuya sede se encontraba en Florida y que había sido disuelta en diciembre de 2017, 6 meses antes de que se genere este pago”, declaró González, al tiempo que amplió “cuándo se entrega esa pericia del fiscal Condomí Alcorta toma conocimiento, y en su sentencia para imputar a los dirigentes de ATE por supuesta malversaciones en el comedor, menciona en su sentencia que si bien tiene relevancia el informe presentado por los peritos, no merece reproche penal en esa instancia y archiva la investigación con toda la prueba que se encuentra acumulada en el expediente”.
Oscar de Isasi (SecGral ATE Provincia) y Francisco Banegas (SecGral ATE Ensenada).
La diputada indicó que el “embate judicial” contra ATE, “fue comandado por el procuador Julio conté Grand, que no solo puso a dedo al fiscal que debía instruir, sino que además aceptó el cierre de la causa sin reproche penal cuando se está tomando conocimiento de un delito de acción pública nada más y nada menos que por la suma de 95 millones de dólares y donde interviene el interventor del Astillero Río Santiago, que era el señor Capdevila junto al señor Ricardo López”.
Seguidamente expuso que “estos funcionarios no son de carrera ni hicieron ningún concurso para ocupar los cargos y fueron designados porque eran militantes de Juntos por el Cambio”.
Por otra parte, en contacto con No Corras, en FM 97 UNE, la legisladora enfatizó que en la causa están denunciados varios funcionarios provinciales y contextualizó que cuando asumió (Julio) Conte Grand al frente de la Procuración, en el 2017, se emite una resolución que cambió la forma en que son investigados los funcionarios judiciales.
"Hasta ese momento, todas las denuncias que tuvieran que ver con funcionarios judiciales y con los jueces eran atendidas por los fiscales o defensores de cada departamento judicial donde el funcionario era denunciado. Casación era el órgano rector", explicó y agregó: "Cuando llega Conte Grand se crea la secretaría de Contralor Disciplinario", espacio que definió como un dispositivo de "disciplina y enjuiciamiento".
González explicó que por esta nueva disposición "se le atribuye al procurador de la Corte todas las denuncias que tengan que ver con funcionarios provinciales " y se pone a Conte Grand con el "rol de dictaminador ante cada una de las denuncias contra los jueces bonaerenses en la Bicameral de Enjuiciamiento que tiene la Legislatura de la Provincia".
"Lo que le muestro al juez Ramos Padilla es cómo distintas causas que involucraban a fiscales y jueces que no se disciplinaban bajo la orden de Conte Grand y de la gobernadora (María Eugenia Vidal) terminan siendo enjuiciados y suspendidos. En cambio otros fiscales y jueces que sí lo hacían terminan con causas archivadas y sin castigo", describió.
Respecto de la posibilidad de que la denuncia sea investigada en Comodoro Py, aseguró: "Acá corremos con la suerte de que no se trata de espionaje ilegal, que podría ser absorbida por el fuego de atracción de ‘Comodoro Pro’, sino de una malversación de caudales públicos por U$D 95 millones. Y los agentes de la AFI no están para espiar sino para malversar fondos, evadir, fugar y enriquecerse junto a los funcionarios provinciales”.
Finalmente, anticipó que la semana que viene se presentará personalmente a ratificar la denuncia y “acompañar otra prueba documental que tengo en mis manos, y a partir de allí el proceso de investigación que llevar a cabo el juez Alejo Ramos Padilla”, sobre cuya jurisdicción quedó radicada la causa. También iniciará un pedido de jury para el fiscal Condomí Alcorta”.
Manifestación de trabajadoras, trabajadores y familiares del Astillero contra el desfinanciamiento de la empresa estatal el 7 de octubre de 2017, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.