El abogado expresó que “el fallo desconoce de manera ilegal e ilegítima gran parte de la prueba que obra en el expediente”. Para el abogado, “el seguimiento personal, fotografías, videos, perfilamiento, patrullaje" que afectaron a los familiares de los marinos, fueron "actividades legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la cual fue creada para realizar tareas de seguridad del Estado vinculado al terrorismo".
"Ello es extremadamente grave" resaltó Tagliapietra y aseguró que "el fallo es controvertido" porque mientras "estábamos exigiendo que busquen a nuestros hijos, exigiendo que nos digan qué pasó" se realizaba el espionaje.
"Si eso significa un peligro para la integridad física de un presidente, estamos ante un problema muy grave, porque implica básicamente criminalizar cualquier protesta", indicó el abogado querellante de la causa.
En ese sentido, destacó que "desde la cuestión jurídica es mucho peor, porque justamente estos jueces desconocen la prueba que está en el expediente" porque es incomprensible pensar que "ante el juez Baba, atestiguan el jefe de la Casa Militar, el jefe de la custodia presidencial de Olivos y el propio secretario privado De Andreis. Los tres fueron clarísimos al decir que ellos no pidieron ni ordenaron información a la AFI", afirmó Tagliapietra.
Por último, puntualizó que "de lo que se pudo comprobar consta que los seguimientos, el espionaje, se sostuvo en el tiempo entre diciembre del año 2017 y al menos diciembre del año 2018, un año o un poco más".