La titular de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, Juana del Carmen Britez, valoró los operativos que lleva adelante el ministerio de Trabajo de la Provincia en los barrios cerrados, y la multa de 3 millones de pesos que aplicó a un country de Pilar por intentar obstruir una de las inspecciones que buscaba verificar el registro de los y las trabajadores del lugar.
En declaraciones a Mañana es Mejor, por Radio Provincia, dijo que “cuando nos presentamos con el Ministerio para entregar el oficio hay una restricción terrible de parte de las administraciones de los countrys” y aclaró que la cartera laboral “les está dando un plazo de entrega de los libros de entrada y salida de los trabajadores", además de poner en el ingreso del sitio "un cartel con un código QR para que los empleadores tengan la información de cómo registrar a sus empleados”.
Carmen Britez manifestó que “en algunos lugares nos recibieron bien y en otros debíamos notificar que si no entregaban la documentación iban a recibir una multa por incumplimiento de un oficio”. En tal sentido, señaló que “los countrys tienen los registros de entrada y salida de las trabajadoras de casas particulares y de alguna manera buscábamos cruzar esos datos para inspeccionar a aquellos empleadores que no están cumpliendo con la ley”.
“Hay muchísimo personal que está trabajando en la informalidad”, denunció la dirigenta sindical y subrayó que “no existe incompatibilidad entre el registro y los subsidios que otorga el Estado”, por lo que los empleados “ni siquiera pierden la AUH”.
En ese marco, aseguró que “la registración es económicamente barata” debido a que “no pasa los $3.000” y a partir de ahí “el empleado tiene la seguridad de tener una ART, una obra social y una jubilación y esto también le brinda muchísimos beneficios al empleador”.