La abogada Natalia Salvo se refirió a la causa vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández y en ese sentido expresó a Mañana es Mejor por Radio Provincia que "es el síntoma de la persecución judicial. Una causa que no tendría que haber llegado a juicio oral porque cuando hay una acusación debe haber pruebas que demuestren la existencia del delito por el cual se acusa. Acá no hay pruebas, se habló de irregularidades en la adjudicación de 51 obras de 81 rutas en Santa Cruz. No hubo pericias y la auditoría que solicitó la Dirección Nacional de Vialidad, que estaba en manos de Javier Iguacel, es decir, del gobierno macrista, no evidenció ningún tipo de irregularidad en la licitación, adjudicación y control de las obras".
"Cristina Fernández de Kirchner pidió peritar las 51 obras y sólo se concedió hacerlo con 5. Y dos de los expertos, siendo uno twitero antikirchnerista, con lo cual la imparcialidad ahí está bastante sesgada, tampoco pudieron justificar la existencia de sobreprecios. No hay sobreprecios, no hay preferencias en la licitación, es una obra que ingresó en el presupuesto nacional aprobado por el poder legislativo a nivel nacional y no hay existencia del delito que se imputa a Cristina Fernández de Kirchner como a los otros tres imputados. No hay asociaciones ilícita, no se evidenció la constitución de una organización criminal para perjudicar al Estado con lo cual son todos fuegos de artificio. Puedo comprender que cierto sector del poder Judicial tenga tirria contra la vicepresidenta por lo que representa para la corporación judicial, entiendo que discrepen políticamente, ahora cuando un fiscal se sienta a acusar y un juez a sentenciar no puede hacerlo con el sesgo político sino con la ley y la constitución en la mano", afirmó.
Además, dijo que "estamos asistiendo a la presencia de una justicia medieval que se funda en la creencia. Pero la Justicia no se basa en creencias ni en pensamientos si no en pruebas y la amistad o no amistad del ex presidente Néstor Kirchner con Lázaro Báez no tiene relevancia jurídica en este aspecto".
También, sostuvo que en el día de ayer los medios de comunicación hablaron se "toneladas de pruebas y no hace falta porque cuando hay delito hace falta una sola hoja para acreditar el delito. Acá no hay un testigo que mencione a Cristina Fernández, al ex ministro de Planificación Julio de Vido y eso es lo trascendental. Si no hacemos una separación entre lo jurídico y lo político pasa lo que pasó en nuestro país entre 2015 y 2019 donde parecía ser que no había ningún problema cuando los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (ambos tendrán la causa cuando se apele) pasillaban la Quinta de Olivos o la Casa Rosada sin ningún tipo de inconvenientes. Parece ser que ahí las amistades no tienen ningún tipo se implicancias, como la causa del ex prófugo "Pepín" Rodríguez Simón, autor del decreto por el cual querían hacer ingresar a Rosenkrantz y Rosatti a la Corte en contra de la constitución. Su amistad con Macri parece que tampoco tiene implicancias".
En cuanto a la mirada de los medios de comunicación y su rol frente a dicha causa, Salvo indicó que "no podemos desconocer que estamos viviendo en una sociedad mundial cruzada por la tecnología, información y comunicación. Está muy performada la realidad por esos medios de comunicación y más si esos medios son concentrados. Tienen la posibilidad de generar una determinada opinión respecto de algunas personas, como mancillar el honor en el caso de la vicepresidenta".
Y agregó que el fiscal federal Diego Luciani "está motivado por alguna cuestión particular porque su alegato eran más fuegos de artificio que otra cosa. Un fiscal tiene el deber de cuidar la legalidad y representar los intereses del pueblo y eso no fue lo que se vio ayer. Cuando hablamos del lawfare o persecución judicial hablamos de esa troika, medios de comunicación que amplifican una no verdad, una complicidad enquistada en cierto sector estratégico del sistema de justicia y un sector político que judicializan la política, como la vimos en la causa Qunita o dólar futuro. Evidentemente, Luciano sirve a estos intereses".
Asimismo, la abogada precisó que "si no me pongo a analizarla como una causa mediática no entiendo la relación de causalidad, es decir, de causa-efecto. No entiendo la relación de causalidad entre los mensajes de texto de López y Lázaro Báez con Cristina Fernández. Creo que lo que tratan de hacer es manchar por carácter transitivo y por ello hablar de una amistad entre Cristina Fernández y Lázaro implica una asociación ilícita. Eso es un disparate jurídico".
"Cuando hace tres años la vicepresidenta habló de un tribunal del lawfare y una sentencia escrita evidentemente uno piensa que es así. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista jurídico no hay una pericia que dé cuenta de un delito de sobre precios. El énfasis que se le pone a Santa Cruz y el sesgo político es evidente", reconoció.
Consultada sobre el posible veredicto, aseguró que "todos hablan de la posibilidad de inhabilitación para ejercer cargos públicos, independientemente de otra condena. Es un haz en la manga que tiene este poder real sabiendo la representación política y la legitimación popular que tiene la vicepresidenta. Por eso cuando hablamos de persecución judicial hablamos de que es un instrumento, una herramienta en el caso de dirigentes gremiales, sociales o de la sociedad toda para disciplinarla. Y en el caso de representante políticos de mayorías para prescribirlos. Se habla que la sentencia estaría a fin de año o principios del año que viene".