En este tono, la asesora de obras públicas de la Nación explicó que “cuando asumió el macrismo en 2016 coparon el organismo de Vialidad con empresarios privados, con el objetivo de perseguir a los militantes y funcionarios kirchneristas”.
Y agregó que el ex director de Vialidad Javier Iguacel “solo encargó una auditoría de las obras de Santa Cruz para vincular a Cristina. La defensa pidió la auditoría de todas las obras de los 12 años de gestión y no se lo concedieron. Ahí se nota la animosidad en la persecución a la vicepresidenta" destacó Ripoli.
En esta línea, la letrada comentó que “la parte acusadora está intentando introducir nuevas cuestiones que no estaban en la parte instructora y que no fueron investigadas, es por eso que la defensa de Cristina pide ampliar la indagatoria. Es el primer acto de defensa de una persona y hoy está siendo perseguida por todo un aparato estatal, en este caso la Justicia”.
Además puntualizó que "para que una persona pueda ser considerada culpable y cumplir una condena, debe realizarse el debido proceso y es por eso que Cristina pide ampliar la indagatoria. Se está persiguiendo a la principal líder de la oposición. Es lo mismo que está sucediendo con los líderes en América del Sur, perseguirlos judicialmente. Eso es lawfare, una guerra para ensuciar y proscribirla”.
Al ser consultad por la adjudicación de una obra y si es posible la participación de Cristina señaló que “el Ejecutivo y la Presidenta en ese momento, no tiene injerencia ni tiene competencia, hay muchas instancias administrativas en Vialidad”. Además subrayó que los funcionarios “no pueden adjudicar una obra pública ni en la provincia de Santa Cruz, ni en toda la Argentina".