A través de un dictámen firmado por el asesor general de la provincia de Buenos Aires, Santiago Perez Teruel, se buscó la implementación del cupo laboral trans-travesti. La medida instala de forma novedosa la posibilidad de incorporar a una persona que transitaba una causa penal abierta. La decisión jurídica se apoyó la perspectiva de género por la cual se la designó.
En diálogo con Radio Provincia, Perez Teruel explicó al respecto que "en la Provincia tiene vigente la ley 14783 que fue sancionada en octubre de 2015 y que establece una proporción no inferior al 1% de su planta de trabajadores y trabajadoras que integren el colectivo transexual y transgenero".
Por otro lado detalló que "el Régimen General de Empleo Público de la Provincia exige que para ingresar a planta no se puede tener procesos penales pendientes y no puede existir una condena dolosa contra la administración pública".
De este modo, "una trabajadora que se encontraba en trámite su ingreso al sistema sanitario de la Provincia, cuando presenta su documentación, aparecen antecedentes penales".
El Asesor resaltó que si bien el dictamen lo firma en carácter de Asesor de Gobierno, "el trabajo es un trabajo colectivo, con un conjunto de trabajadoras abogadas que construyeron colectivamente los argumentos para poder arribar a una solución".
Puesto que "el mismo decreto prevé que para poder integrar a las trabajadoras y trabajadores travestis, transgéneros y transexuales, deberían analizarse los antecedentes con relación al rol laboral que iba a cumplir. Hasta hace unos meses, estas iniciativas desde la vigencia de la ley, se rechazaban".
Por ello, consideró que "conjuntamente con las trabajadoras del organismo y el trabajo enorme que hacen las trabajadoras del Ministerio de Mujeres, seleccionamos este caso, donde sentamos un criterio distinto, orientado al cumplimiento de la finalidad que prevé la ley 14783 a los efectos de garantizar un trato digno de los aspirantes a integrar la planta del Estado provincial". Y de tal manera "hacer posible el cumplimiento de la finalidad de la ley que es la integración, la no discriminación y la no revictimización, en el caso de aspirantes que tuvieran antecedentes penales, no incompatibles con el desarrollo de la función pública estatal involucrada en cada caso", puntualizó.