Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS reflexionó sobre el conflicto en Villa Mascardi y las consecuencias del desalojo a las personas que habitaban esas tierras. En ese marco, aseguró que “es difícil escuchar que no hubo represión, cuando hubo gases lacrimógenos y anoche había 7 mujeres detenidas y varios chicos perdidos en el bosque”.
En declaraciones a Siete Colores, por FM 97Une, denunció que “se usó una causa penal para hacer otra cosa. Se usó la excusa del incendio a una garita de seguridad para sacar a todos y no tratar de individualizar a los culpables de ese hecho”.
Seguido, recordó que en el 2020 “se instalaron mesas de diálogo que habían logrado bajar la violencia del conflicto. Pero hoy el Gobierno cede a las presiones y desaloja a las comunidades. Y el Poder Judicial e inmobiliario construyen un relato que hace posible este accionar”.
Además, Tufró explicó que el problema de fondo que tiene este conflicto es que el Estado nacional “no tiene una clara política en relación a los pueblos indígenas. Hay una serie de leyes e instrumentos que reconocen su derecho al territorio, a la participación y a la consulta previa pero nada de eso se cumple”, y destacó que esto impactaba en las mesas de diálogo impulsadas por el ministerio de Seguridad.
“Desde el Ministerio se facilitaban estos encuentros, lo que permitió bajar los niveles de violencia" pero aclaró que "no se alcanzaba una solución de fondo porque no hay una política estructural y general hacia los pueblos indígenas. Es decir que este instrumento encontraba un límite muy rápidamente”, describió.
Y afirmó que “hay dos caminos: Se toma la decisión política de cumplir las leyes y se adopta una política integral hacia los pueblos indígenas o se cede a las presiones de grupos que quieren que todas estas leyes no se cumplan porque tienen otros intereses sobre los territorios”.
Finalmente, advirtió que “la situación no está fácil y esto genera un precedente malo. Primero porque no apuesta al dialogo y segundo porque esta no es la única comunidad con amenaza de desalojo por parte de la justicia provincial, a pesar de que muchas están relevadas y reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una situación muy compleja y si no aparece una voluntad política para generar una política pública hacia los pueblos indígenas y los proteja de esta situaciones vamos a tener un escalamiento del conflicto”.