Recordemos que ya son 12 los detenidos, entre ellos varias mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu en los procedimientos del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, con 250 agentes. Mientras tanto, la Ruta Nacional 40 permanece cortada.
“En realidad era un desalojo encubierto, porque montaron un aparato represor. Tengo que recordar que el procedimiento del 23 de noviembre del 2017 es igual al de la actualidad, aunque aquel fue más violento”, reconoció.
Además, sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, tras una represión llevada a cabo por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, recordó que “lo mataron dos días después del allanamiento. Por eso, espero que las fuerzas de seguridad no cometan el mismo delito. Hoy no hay procesados, ni detenidos por ese hecho y lo generó Patricia Bullrich”.
Sobre los incidentes en Villa Mascardi, Carriqueo explicó que ”se quiere criminalizar al pueblo mapuche. Acá hay episodios de la derecha que viene actuando y de gente ligada al PRO. Hay una organización denominada Consenso Bariloche, financiada por empresarios, que tienen el objetivo de financiar hechos que venimos denunciando", al tiempo que denunció que "intentan desestabilizar la democracia”.
Y, en este punto, relató que el intento de asesinato a la Vicepresidenta “tiene un cierto grado de relación porque los sicarios actuaron pagados por alguien y hoy los defienden asesores de diputados del PRO”.
Asimismo, reiteró que “no somos parte de la clase política y no lo aceptamos como partido de la democracia. Denunciamos al PRO porque financia atentados, abogados, sicarios y son los que desestabilizan la democracia. Entendemos que ese proceso se da en la Patagonia y en Buenos Aires”.
“Las comunidades no son los que impusieron la violencia, sino el Estado, las empresas mineras y los sectores de poder”, subrayó, y agregó que “hoy se suma el Comando Unificado que es una idea de Bullrich y que lleva adelante este Gobierno”.
El coordinador del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro detalló que “son una organización reconocida por el Estado, hay una ley Integral Indígena en la Provincia y es una cogestión para ayudar a las 180 comunidades. Tenemos $50 mil para funcionar y hace 7 meses que no lo depositan”.
Para finalizar puntualizó que “en todos los conflictos hemos planteado mesas de diálogo. El Estado prefiere radicalizar el conflicto. A ninguna comunidad le devolvieron tierras, porque no reconoce los genocidios y no debaten la historia de la provincia de Río Negro. El Estado tiene que respetar la espiritualidad del pueblo, reconocida por la Constitución”.