La secretaría de DD.HH. de Avellaneda realizó una conferencia de prensa para repudiar la prisión domiciliaria concedida a Luis Horacio Castillo, representante legal del Colegio San Diego de Wilde. La convocatoria había sido realizada también por el Espacio para la Memoria local “Ex Infierno”; la Mesa de la Memoria y el Consejo Escolar de Avellaneda. Semanas atrás, el represor había sido declarado persona no grata por el Honorable Concejo Deliberante local en una sesión que contó con la abstención del bloque de Juntos por el Cambio.
En declaraciones a BA con Derechos, por FM 97Une, Claudio Yacoy manifestó que la Mesa por la Memoria convocó a una conferencia de prensa bajo el lema ‘Avellaneda ciudad libre de genocidas’ porque el beneficio procesal otorgado por el Juzgado Federal N°3 "había generado una convulsión social” debido a que Castillo “es un hombre denunciado por víctimas como uno de los responsables del área de delitos económicos del Ex Infierno y de abuso sexual con acceso carnal y sustracción y retención de un menor, además de torturas”. También “se lo investiga por su participación en el Pozo de Banfield donde está acusado de haber perseguido al colectivo trans y travesti”.
Si bien Yacoy admitió que “él goza del principio de inocencia, eso no lo puede liberar de una condena social. Está señalado por las víctimas, algunas que dicen que fueron violadas y torturadas, y otras que sufrieron secuestros económicos extorsivos. Castillo era jefe de esa división”.
En ese sentido, dijo que el hecho de que “yo divulgara que el director del Colegio San Diego es un represor genocida, llevó a que denunciara que su honor y su honra fue dañado por mí”. A su vez, demandó “al intendente Alejo Chornobroff porque dice que no hizo nada para impedir que yo hiciera lo que hizo, y también a la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Colaso, porque estuvo presente en la conferencia de prensa”.
Sin embargo, el secretario de DD.HH del distrito recordó que incluso “la Provincia dispuso que Castillo no pudiera ejercer un rol dentro de su colegio privado”. En ese marco, afirmó que se trata de “un peligro porque hasta dónde hay paz social con un genocida que está viviendo en la ciudad” y agregó que “buscamos que el municipio sea querellante para pedir la revocatoria del beneficio. No tenemos por qué perturbar la paz de los vecinos viviendo con un genocida libre. Este represor impartió educación a cargo de un colegio privado subsidiado por la Provincia”.