En diálogo con Picado Fino por Radio Provincia se refirió al pedido que hizo el gobernador Axel Kicillof para que los legisladores voten la reforma y recalcó que se trata de una norma que fue “cuestionada en su constitucionalidad” desde un principio. Remarcó que “hay en trámite 5 mil” demandas para rechazar su aplicación y que “se han dictado medidas cautelares que adelantan la inaplicabilidad”.
El funcionario señaló que la ley, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, “fue sancionada sin discusión de los trabajadores activos o pasivos y generó cuestionamientos que hacen que haya perdido eficacia” por lo que es necesario que “hoy sea rediscutida”.
Santiago Pérez Teruel indicó que “el proyecto que presentó el Ejecutivo tiende a restituir algunos de esos derechos y repensar el sistema de financiamiento de la caja de jubilados del Banco Provincia”. Además, advirtió que, si los cuestionamientos que se tramitan ante la justicia “avanzan y se dicta una sentencia que ordene el pago de jubilaciones del modo anterior”, se estaría “ante una situación gravísima” que perjudicaría las arcas del Estado provincial.
La cifra ronda “los $41 mil millones”, precisó el asesor general y subrayó que la norma en debate “cambió el paradigma de financiamiento de la caja” y dispuso “que el banco tenía que hacer frente con sus utilidades al déficit estructural que tenía la caja y eso también pone en una situación de debilidad a una herramienta fundamental para el desarrollo bonaerense que es el Banco Provincia”.
Por último, el entrevistado puntualizó que “la Corte Suprema, al advertir que el problema es político, invita a las partes a encontrar una solución” y “en ese sentido se trabajó este proyecto”, proceso en cual participaron “trabajadores activos, gremios, asociaciones de jubilados y le permite al Estado recuperar esta senda de sostenibilidad financiera de la caja”.