Tras la aparición de los chats por el encuentro en Lago Escondido, Natalia Salvo, abogada y docente Universitaria de la UBA y UNPAZ reflexionó sobre la institucionalidad en Argentina y advirtió que “nos encontramos en una encerrona” porque los organismos de contralor del Poder Judicial no funcionan.
En No Corras, por FM97Une, la letrada dijo que la aparición de estos chat de la red Telegram son “la confirmación de las relaciones obscenas y espurias entre el Poder Judicial Penal Federal, medios de comunicación y funcionarios de Juntos por el Cambio”.
“Asistimos primero a un delito de encubrimiento porque son Jueces federales, fiscales, funcionarios los que asistieron a una reunión en Lago Escondido financiado por Clarín. Y esto empaña la objetividad porque son jueces que tienen en su poder causas sensibles respecto de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri como para procurarle la impunidad” describió.
Seguido, agregó que las cosas que allí se dicen “nos retrotraen a las peores épocas de nuestro país. Nos muestra como el Poder Judicial concentra la suma del poder público y que no es independiente como dice, sino que es dependiente del poder económico” que financia las “erogaciones” necesarias para “resolver" lo que ellos consideran un "problema”.
“Estamos en presencia de una degradación total y absoluta del estado derecho en lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y esto no atañe solamente al disciplinamiento político sino que tiene que ver con la vida de todos y de todas. Porque el día de mañana, este Poder Judicial va a estar presto a resolver lo que tenga que resolver para asegurar los intereses económicos de esos mismos grupos concentrados. Así que es muy preocupante esta situación”, describió.
Además, destacó que también es preocupante que “no salieron a pronunciarse. Creo que la decisión se torna más evidente que es política y de manifestación popular”.
Finalmente se refirió a la institucionalidad en el país y aseguró: “Lo que debería ocurrir es que actúe el órgano que tiene por misión controlar a los jueces ante los casos de inconducta, que es el Consejo de la Magistratura. O que los fiscales, que están para representar los intereses de la legalidad y del pueblo actué para averiguar la existencia de un delito".
“Pero sucede que en el Consejo de la Magistratura, ha desembarcado (Horacio) Rosatti, que es un juez de la Corte Suprema de Justicia y se avino a ingresar por decreto. Y también es un órgano paralizado, porque no se pueden designar jueces, por concurso para reemplazar a (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi, que la misma Corte dijo que tienen que volver a sus juzgados de origen… Realmente estamos en una encerrona porque ningún organismo del Sistema de Justicia, que sirva como contralor del Poder Judicial, está funcionando”.