La Liga de Gobernadores manifestó que “ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, en relación al fallo que condenó a Cristina Fernández.
Según el espacio, se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la Vicepresidenta de la República “mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”.
A su vez, planteó que los fiscales y jueces actuantes “en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución Nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos”.
En un texto que contiene 10 puntos y que fue firmado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, a la vez que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.
Seguido, agregó que se trata de un “show mediático y judicial” que se dio en “un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”, y aclaró que “los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”.
Asimismo, habló de “absurda condena con fines políticos”, la cual “forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.
También consideró que “la inhabilitación para ejercer cargos públicos” dictada en el fallo se trata de “el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”.
Por último, indicó que “el enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.