En contacto con La Mecha, por Radio Provincia, consideró “lamentable que tanto la Facultad de Derecho como la UBA no hayan adoptado una actitud institucional” frente al viaje a Lago Escondido y la intención de ocultar delitos por parte del juez Ercolini.
El letrado aseguró que “lo que procede aquí es el juicio académico y mientras se tramita el mismo, una suspensión a toda actividad académica a Ercolini”. Sin embargo, reveló que como respuesta de la Facultad “los docentes hemos recibido una comunicación de la carrera de Perfeccionamiento de la Magistratura” que todavía está bajo la dirección del imputado en la causa Lago Escondido. Es decir, se pretende “adiestrar a los jueces para ver si pueden lograr el mismo grado de perversidad institucional que están exhibiendo los estandartes del lawfare”.
Barcesat indicó que “uno tiene respeto por la pluralidad” de pensamiento pero “de ninguna manera puede ser docente alguien que conspira para hacer un fraude para tratar de esconder la responsabilidad de la dádiva y participa de amenazas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un lenguaje vinculado a las prácticas del estado terrorista: la aprensión del cuerpo, el apriete, la tortura, inclusive la lesión y la muerte”, y agregó que “esto manejado entre funcionarios judiciales, fiscales y personajes del ministerio de Seguridad porteño es inadmisible".
El constitucionalista remarcó que “si esto se develó porque la PSA dio a conocer la lista de pasajeros de un vuelo chárter, no tiene nada de ilegítimo porque es perfectamente acorde con las funciones y naturaleza de custodio que tiene este cuerpo”. De modos, indicó que “estamos asistiendo a una especie de vómito institucional que quizás tenga más efecto en el pueblo para advertir que utilizan el aparato judicial como forma de persecución y para aniquilar al enemigo”.
Respecto de la condena a Cristina Fernández, reveló que “estoy aguardando la intervención de instancias superiores del Poder Judicial, más allá de que buena parte de sus miembros han estado implicado en persecuciones”. Para Barcesat se debe “anular esta condena absurda que fijó el Tribunal Oral Federal N° 2 que, para hacerlo más potable, eliminó la figura de asociación ilícita pero con eso no advirtió que el reproche a Cristina Fernández por administración fraudulenta caía en el vacío porque todo lo que refiere a la administración presupuestaria aprobada por el Congreso recae en el Jefe de Gabinete”. Por lo tanto, insistió: “es imposible que ella firmara y autorizara un desvío de fondos”.
El letrado puntualizó que “tanto el proceso judicial contra Cristina como esta muestra de poder en Lago Escondido, demuestran que estamos frente a una tentativa de un golpe de estado preventivo para impedir que se pueda postular en 2023. Si bien ella ha renunciado, en un gesto de ruptura respecto del tribunal para valerse de fueros”.