El Centro de Excombatiente en las Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) emitió un comunicado al cumplirse 190 años de la ocupación británica de las Islas.
En Siete Colores, por FM 97 Une, Ernesto Alonso, secretario de DD.HH del Centro dijo: “Emitimos un comunicado (…) porque en este contexto no podíamos dejar de analizar lo que está sucediendo hoy en la República Argentina”.
“Es obsceno el accionar de la Corte Suprema de Justicia que es, nada más ni nada menos, que la cabeza de uno de los tres poderes constitucionales de nuestro país” denunció y señaló que “esas acciones están directamente relacionadas con la discusión y la defensa de soberanía”.
Por ello aseguró que el pedido de juicio político “es lo que se ajusta a derecho” porque “ningún poder se puede entrometer en las decisiones de otro”.
Alonso denunció que “es muy obsceno y está a la vista lo que ha sucedido con las ventilaciones de las comunicaciones” en el caso de los fondos que reclamaba CABA. "Porque allí queda de manifiesto cómo fue el arreglo mafiosos del que participó la mano derecha del presidente de la Corte para que un fallo le devuelva una infinita suma de dinero a CABA en contra de las otras provincias”, explicó.
Seguido admitió que en ese tenor“ se pueden mencionar otros casos, pero también hay mucha gente que está litigando en la Corte Suprema y ven cómo es el mecanismo”.
Además, “en Argentina ha sucedido un hecho gravísimo a nivel institucional: un intento de magnicidio y es muy grave como se está manejando la Justicia que es el poder que debe garantizar el servicio de justicia” describió el excombatiente.
Y advirtió que “si esta degradación de la Republica y las instituciones continúa sería una utopía la recuperación de la soberanía en Malvinas y ni que hablar de la recuperación de la navegación del río Paraná, o de seguir hablando de una educación pública y gratuita entre otros derechos. Porque vemos que hubo fallos que afectaron directamente el bolsillo de los argentinos"
"Como fue el caso de la derogación de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicaciòn Audiovisual (LSCA) que planteaba como servicio público esencial el servicio de comunicación”
Finalmente, Alonso aseguró: “Por todo eso estamos a favor del pedido de juicio político. Es el mecanismo previsto para estos casos. Y cuando se inicie el proceso y se empiecen a ventilar las pruebas, lamentablemente nos vamos a seguir sorprendiendo”.